Exigencias de ICA frenan compra venta de Corredor Sur en Panamá
Nuevas exigencias. El gobierno consideró "inaceptables" las exigencias presentadas por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para firmar el contrato que cederá al Estado la concesión del Corredor Sur en una transacción de 420 millones de dólares, lo cual retraso la suscripción del contrato prevista para el miércoles 27.
Durante el miércoles continuaron los cuestionamientos en Panamá a la compra, como el caso del vicepresidente y aspirante a la candidatura presidencial del PRD en 2014, Samuel Lewis Navarro, quien la consideró "un atraco".
Así lo Reporta El Panamá América:
La información en La Estrella:
PANAMÁ. La construcción del Corredor Sur fue, sin duda alguna, un negocio redondo para ICA. La compañía mexicana logró adjudicarse el derecho a rellenar fondo de mar, donde construyó exclusivos centros comerciales, hoteles, hospitales y complejos residenciales millonarios.
El Estado le entregó en concesión a ICA las mejores tierras de la ciudad libre de gravámenes y tributos, a 250 dólares el metro cuadrado.
TRIPLICANDO LOS MILLONES
Lo anterior quedó plasmado en el Contrato Original del Corredor Sur de 1996. Allí se autorizó el traspaso de estos terrenos y propiedades, según disposiciones establecidas en la Ley de Concesiones de abril 1988, que regula los traspasos de bienes del Estado.
Dentro del paquete de la concesión que el gobierno le entregó a ICA se incluyó la construcción de rellenos costeros (sobre la ribera y playa) o islas de relleno (sobre la plataforma continental y el lecho marino), pues ICA aún no había decidido cuál opción elegiría.
En mayo de 2008, doce años después de la firma del contrato original, ICA anunció públicamente la utilidad que le darían a los derechos obtenidos para rellenar sobre el lecho marino.
Se trataba de la construcción de dos islas artificiales en Punta Pacífica, con una inversión superior a los $140 millones.
El proyecto fue llamado Ocean Reef Islands. Es desarrollado por el Grupo Los Pueblos, S. A., cuyo principal accionista es Mayor Alfredo Alemán, que estuvo asociado con el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, en el megamall de Albrook; es tío del ex embajador de Panamá en Washington, Jaime Alemán Healy, y acusado por la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el que milita, de ser ‘mensajero’ del presidente Ricardo Martinelli.
Tras la develación de este ambicioso proyecto inmobiliario, ICA empezó la venta de los lotes de ambas islas.
El anuncio de la subasta de las islas, La Pinta y la Santa María, como originalmente se llamó al proyecto, se publicó en los periódicos el 25 de mayo de 2008.
De acuerdo con el desglose de lotes, el metro cuadrado se promocionaba a un precio mínimo de $2 mil 750, once veces por encima del precio que establecía el contrato con el Estado.
Según el contrato original —si ICA vendía los terrenos a un precio superior a $250 el metro cuadrado— el total del excedente debería sumarse al renglón de los ingresos brutos por peaje que recibiría la empresa mexicana, eso nunca sucedió. ‘De acuerdo con la auditoría hay $14,155,944.43 que deben ser destinados a peajes, pues representan el excedente’, explica en su análisis el abogado Víctor Martínez, quien lleva una década luchando contra las ilegalidades de la concesión a ICA.
EL DUBAI DE LAS AMÉRICAS
Luego de la puesta en venta de los 138 lotes residenciales que integran las islas, en 2010 con el aval del gobierno de turno se oficializaron los trabajos de construcción.
Fue una gala donde se reunió la crema y nata de la sociedad junto con importantes figuras de la administración actual. Con la luz de la luna como cómplice, Mayor Alemán, su hijo Alfredo y el presidente Ricardo Martinelli presenciaron la colocación de la primera piedra de Ocean Reef Islands.
En primera fila estaban empresarios de ICA Panamá acompañados del ministro de Economía, Alberto Vallarino, que entre música ligera, caviar, vinos y champagne celebraban el inicio del proyecto bautizado como el ‘Dubai de las Américas’.
‘Este es un proyecto visionario que posicionará a Panamá como una infraestructura del primer mundo’, dijo Martinelli en su discurso aquel 14 de octubre.
El mandatario ponderó la llegada de más inversionistas extranjeros al país. Según estimaciones de promotores de bienes raíces, las islas están valoradas en 300 millones de dólares, más del doble del precio fijado en el contrato.
LOS NUEVOS RELLENOS
Pero las prebendas para ICA de parte del Estado no terminaron allí.
En abril del 2011 el gobierno, mediante dos nuevas adendas al contrato del Corredor Sur, aprobó el traspaso de 52 hectáreas más a ICA. De esta cifra, 39.6 se utilizarán en la ampliación de la vía y 12.4 hectáreas corresponden a rellenos sobre lecho marino, que de acuerdo con un comunicado de la Presidencia del 19 de abril de 2011, se anexarán al pequeño Dubai de ICA en la bahía de Panamá, el proyecto Ocean Reef Islands.
Para administrar esas tierras recién concesionadas ICA creó, en abril de este año, la Compañía Insular Americana, una sociedad anónima que se encargará de desarrollar las islas artificiales. El Gabinete también autorizó el traspaso parcial de esta concesión.
VIOLACIÓN
Mientras el gobierno anuncia oficialmente la compra a ICA, pese a las críticas, hay quienes se preguntan por qué se le siguen entregando tierras a la compañía mexicana, ignorando que el 30 de diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —con base en el artículo 258 de la Constitución, que prohíbe la apropiación privada del mar territorial, las playas, ríos y sus riberas— declaró inconstitucional los rellenos sobre el mar territorial realizados por la empresa ICA.
Para el director Ejecutivo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Félix Wing, el gobierno ‘está violando un dictamen legal, y agravando la situación ambiental de la bahía de Panamá’.
Pero la Corte tiene dos opiniones totalmente opuestas en el tema. Si en 2004 aseguró que los rellenos desafían el artículo 258 de la Constitución, en 2006 estimó imposible despojar a ICA de las propiedades ya consesionadas, tomando en cuenta los trámites comerciales y financieros sobre los terrenos. Sin embargo, los magistrados no dejaron claro si en adelante las concesiones sobre lecho marino son o no legales, tal y como lo dispuso el fallo de 2004.
Para el ex presidente de Asamblea y ex magistrado de la Corte, Jerry Wilson, es ‘lamentable’ que los magistrados cambien su criterio sobre un mismo tema. ‘Incluso es criticable’, argumentó. En caso tal —agrega—, los casos pudieron haber ingresado al sistema por vías separadas. ‘Por eso se conocieron ambos pero siempre va a prevalecer el último fallo’, amplió.
Sin embargo, este artículo de la Constitución (258) fue argumentado por el equipo legal del Ministerio de Economía y Finanzas para rechazar la propuesta de Rafael ‘Boli’ Bárcenas y su empresa Maritime City, para la construcción del Amador Ciudad Marina, un lujoso proyecto que pretendía rellenar 36 hectáreas entre los terrenos de Amador y las islas Naos, Perico y Flamenco.
Ese mismo equipo legal está detrás de la operación de rescate administrativo del Corredor Sur que hoy hace oficial el gobierno a través del propio MEF.
La compra que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) todavía espera conocer los detalles.
Entrevista de Lewis Navarro en TVN-2.
El opositor y ex vicepresidente Samuel Lewis Navarro, manifestó hoy que se alegra que la transacción para comprar el Corredor Sur se enrede, porque es una de las transacciones más nefasta contra el erario público. “Ojalá que se siga enredando para que no se llegue a consumar este atraco, porque se está sobrevalorando”, observó Lewis Navarro.
El precandidato del PRD sostuvo que la responsabilidad del Estado panameño es ver el rendimiento social y no financiero.
Lewis Navarro criticó también que la vía rápida es un tranque, que a su juicio se resuelve cambiando el sistema de pago y exigiendo a la empresa hacer ampliaciones.
Durante el miércoles continuaron los cuestionamientos en Panamá a la compra, como el caso del vicepresidente y aspirante a la candidatura presidencial del PRD en 2014, Samuel Lewis Navarro, quien la consideró "un atraco".
Así lo Reporta El Panamá América:
Requerimientos de última hora, catalogados por las autoridades como “no aceptables para la República”, presentó la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) al Estado panameño para acceder a venderle el Corredor Sur.
“Son temas que ha introducido ICA, entre ayer y anoche [el pasado lunes], asuntos que estamos negociando y que no son aceptables para la República”, explicó el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Se esperaba que hoy se cerrara la firma del contrato de compraventa entre ICA y el Estado panameño, transacción que se fijó en 420 millones de dólares.
No obstante, De La Guardia admitió que no tiene fecha para ponerse de acuerdo con ICA, pero aclaró que las nuevas peticiones de la compañía no afectarían la estructura o monto del negocio anunciado.
"Se trata de un tema legal que tiene que ver con el contrato de compra venta, con las representaciones y garantías que tiene que dar ICA a la República y con la capacidad de ejecución del contrato en caso de un incumplimiento, son asuntos que no son aceptables para nosotros", manifestó el viceministro de Finanzas.
La información en La Estrella:
PANAMÁ. La construcción del Corredor Sur fue, sin duda alguna, un negocio redondo para ICA. La compañía mexicana logró adjudicarse el derecho a rellenar fondo de mar, donde construyó exclusivos centros comerciales, hoteles, hospitales y complejos residenciales millonarios.
El Estado le entregó en concesión a ICA las mejores tierras de la ciudad libre de gravámenes y tributos, a 250 dólares el metro cuadrado.
TRIPLICANDO LOS MILLONES
Lo anterior quedó plasmado en el Contrato Original del Corredor Sur de 1996. Allí se autorizó el traspaso de estos terrenos y propiedades, según disposiciones establecidas en la Ley de Concesiones de abril 1988, que regula los traspasos de bienes del Estado.
Dentro del paquete de la concesión que el gobierno le entregó a ICA se incluyó la construcción de rellenos costeros (sobre la ribera y playa) o islas de relleno (sobre la plataforma continental y el lecho marino), pues ICA aún no había decidido cuál opción elegiría.
En mayo de 2008, doce años después de la firma del contrato original, ICA anunció públicamente la utilidad que le darían a los derechos obtenidos para rellenar sobre el lecho marino.
Se trataba de la construcción de dos islas artificiales en Punta Pacífica, con una inversión superior a los $140 millones.
El proyecto fue llamado Ocean Reef Islands. Es desarrollado por el Grupo Los Pueblos, S. A., cuyo principal accionista es Mayor Alfredo Alemán, que estuvo asociado con el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, en el megamall de Albrook; es tío del ex embajador de Panamá en Washington, Jaime Alemán Healy, y acusado por la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el que milita, de ser ‘mensajero’ del presidente Ricardo Martinelli.
Tras la develación de este ambicioso proyecto inmobiliario, ICA empezó la venta de los lotes de ambas islas.
El anuncio de la subasta de las islas, La Pinta y la Santa María, como originalmente se llamó al proyecto, se publicó en los periódicos el 25 de mayo de 2008.
De acuerdo con el desglose de lotes, el metro cuadrado se promocionaba a un precio mínimo de $2 mil 750, once veces por encima del precio que establecía el contrato con el Estado.
Según el contrato original —si ICA vendía los terrenos a un precio superior a $250 el metro cuadrado— el total del excedente debería sumarse al renglón de los ingresos brutos por peaje que recibiría la empresa mexicana, eso nunca sucedió. ‘De acuerdo con la auditoría hay $14,155,944.43 que deben ser destinados a peajes, pues representan el excedente’, explica en su análisis el abogado Víctor Martínez, quien lleva una década luchando contra las ilegalidades de la concesión a ICA.
EL DUBAI DE LAS AMÉRICAS
Luego de la puesta en venta de los 138 lotes residenciales que integran las islas, en 2010 con el aval del gobierno de turno se oficializaron los trabajos de construcción.
Fue una gala donde se reunió la crema y nata de la sociedad junto con importantes figuras de la administración actual. Con la luz de la luna como cómplice, Mayor Alemán, su hijo Alfredo y el presidente Ricardo Martinelli presenciaron la colocación de la primera piedra de Ocean Reef Islands.
En primera fila estaban empresarios de ICA Panamá acompañados del ministro de Economía, Alberto Vallarino, que entre música ligera, caviar, vinos y champagne celebraban el inicio del proyecto bautizado como el ‘Dubai de las Américas’.
‘Este es un proyecto visionario que posicionará a Panamá como una infraestructura del primer mundo’, dijo Martinelli en su discurso aquel 14 de octubre.
El mandatario ponderó la llegada de más inversionistas extranjeros al país. Según estimaciones de promotores de bienes raíces, las islas están valoradas en 300 millones de dólares, más del doble del precio fijado en el contrato.
LOS NUEVOS RELLENOS
Pero las prebendas para ICA de parte del Estado no terminaron allí.
En abril del 2011 el gobierno, mediante dos nuevas adendas al contrato del Corredor Sur, aprobó el traspaso de 52 hectáreas más a ICA. De esta cifra, 39.6 se utilizarán en la ampliación de la vía y 12.4 hectáreas corresponden a rellenos sobre lecho marino, que de acuerdo con un comunicado de la Presidencia del 19 de abril de 2011, se anexarán al pequeño Dubai de ICA en la bahía de Panamá, el proyecto Ocean Reef Islands.
Para administrar esas tierras recién concesionadas ICA creó, en abril de este año, la Compañía Insular Americana, una sociedad anónima que se encargará de desarrollar las islas artificiales. El Gabinete también autorizó el traspaso parcial de esta concesión.
VIOLACIÓN
Mientras el gobierno anuncia oficialmente la compra a ICA, pese a las críticas, hay quienes se preguntan por qué se le siguen entregando tierras a la compañía mexicana, ignorando que el 30 de diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —con base en el artículo 258 de la Constitución, que prohíbe la apropiación privada del mar territorial, las playas, ríos y sus riberas— declaró inconstitucional los rellenos sobre el mar territorial realizados por la empresa ICA.
Para el director Ejecutivo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Félix Wing, el gobierno ‘está violando un dictamen legal, y agravando la situación ambiental de la bahía de Panamá’.
Pero la Corte tiene dos opiniones totalmente opuestas en el tema. Si en 2004 aseguró que los rellenos desafían el artículo 258 de la Constitución, en 2006 estimó imposible despojar a ICA de las propiedades ya consesionadas, tomando en cuenta los trámites comerciales y financieros sobre los terrenos. Sin embargo, los magistrados no dejaron claro si en adelante las concesiones sobre lecho marino son o no legales, tal y como lo dispuso el fallo de 2004.
Para el ex presidente de Asamblea y ex magistrado de la Corte, Jerry Wilson, es ‘lamentable’ que los magistrados cambien su criterio sobre un mismo tema. ‘Incluso es criticable’, argumentó. En caso tal —agrega—, los casos pudieron haber ingresado al sistema por vías separadas. ‘Por eso se conocieron ambos pero siempre va a prevalecer el último fallo’, amplió.
Sin embargo, este artículo de la Constitución (258) fue argumentado por el equipo legal del Ministerio de Economía y Finanzas para rechazar la propuesta de Rafael ‘Boli’ Bárcenas y su empresa Maritime City, para la construcción del Amador Ciudad Marina, un lujoso proyecto que pretendía rellenar 36 hectáreas entre los terrenos de Amador y las islas Naos, Perico y Flamenco.
Ese mismo equipo legal está detrás de la operación de rescate administrativo del Corredor Sur que hoy hace oficial el gobierno a través del propio MEF.
La compra que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) todavía espera conocer los detalles.
Entrevista de Lewis Navarro en TVN-2.
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| Samuel Lewis Navarro, aspirante presidencial |
El opositor y ex vicepresidente Samuel Lewis Navarro, manifestó hoy que se alegra que la transacción para comprar el Corredor Sur se enrede, porque es una de las transacciones más nefasta contra el erario público. “Ojalá que se siga enredando para que no se llegue a consumar este atraco, porque se está sobrevalorando”, observó Lewis Navarro.
El precandidato del PRD sostuvo que la responsabilidad del Estado panameño es ver el rendimiento social y no financiero.
Lewis Navarro criticó también que la vía rápida es un tranque, que a su juicio se resuelve cambiando el sistema de pago y exigiendo a la empresa hacer ampliaciones.
